Patricia tenía trece años y vivía en San Antonio al momento del Golpe de Estado. Ese día se encontraba en la Estación Central, pues había viajado en tren desde Llolleo junto a su madre para averiguar el paradero de su hermano, José Santis, detenido, acusado y dado de baja por “sedición” mientras cumplía su servicio militar en Tejas Verdes, meses antes.

 

Tras un incansable esfuerzo, lograron obtener su libertad y ayudarlo a salir del país en calidad de exiliado político. Sin embargo, su familia quedó profundamente marcada por la dictadura. Su tío Ceferino Santis Quijada (MIR), presidente del Sindicato de Obreros de la Industria Rayonhil hasta el 11 de septiembre de 1973, fue uno de los primeros detenidos desaparecidos arrojados vivos al mar.

 

Ya mayor de edad, Patricia se trasladó a Santiago, donde participó activamente en la defensa de los Derechos Humanos. Se integró como voluntaria al grupo de mujeres del Comité Pro Retorno de Exiliados, organización dedicada a la lucha por el derecho a vivir en la patria. Tras el nacimiento de su hija, regresó a San Antonio en 1982, donde reside hasta hoy, dedicada a su propio almacén en la casa familiar.